El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al Subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, encabezaron este mediodía una reunión extraordinaria de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, convocada por la contingencia sanitaria a causa del COVID 19.
Entre los temas que se abordaron en la Comisión, estuvo la revisión de las prisiones preventivas dictadas contra imputados, con el objetivo de que las instituciones puedan revisar aquellos casos en que esta medida cautelar es posible cambiarla por una de menor intensidad, para buscar descongestionar las cárceles.
Al respecto, el Ministro Hernán Larraín dijo que “en relación a la prisión preventiva, aunque tratándose de un tema netamente de autonomía jurisdiccional, los distintos intervinientes del sistema judicial penal, como el Ministerio Público o la Defensoría Penal, junto al propio Ministerio de Justicia, hicimos presentes la necesidad de que en materia de prisión preventiva, se apliquen los criterios que están contenidos en el proyecto de indulto conmutativo, que busca que la población bajo riesgo de salud, que está en prisión preventiva en este momento, esté bajo arresto domiciliario, para así facilitar su situación y no generar contagio al interior de los penales”.
mismo, en relación a los controles de detención el secretario de Estado explicó que “estos se están haciendo hoy día en las comisarías, y probablemente, no cumpliendo debidamente el ordenamiento que obliga a hacerlo en los propios tribunales de justicia. En atención a la situación que vivimos, se acordó que en el caso de la Región Metropolitana, estos se harán en el territorio jurisdiccional del Centro de Justicia de Santiago, y el resto podrá seguir haciéndose a través de entrevistas remotas a distancia, para asegurar la rapidez, y no el intercambio y traslado de personas en atención a la situación que se vive”.
Asimismo, en relación a los controles de detención el secretario de Estado explicó que “estos se están haciendo hoy día en las comisarías, y probablemente, no cumpliendo debidamente el ordenamiento que obliga a hacerlo en los propios tribunales de justicia. En atención a la situación que vivimos, se acordó que en el caso de la Región Metropolitana, estos se harán en el territorio jurisdiccional del Centro de Justicia de Santiago, y el resto podrá seguir haciéndose a través de entrevistas remotas a distancia, para asegurar la rapidez, y no el intercambio y traslado de personas en atención a la situación que se vive”.
En otro punto, el titular de Justicia y Derechos Humanos, informó que respecto de la Ley de Entrevistas Videograbadas, se va a estudiar un proyecto de ley para prorrogar su entrada en vigencia, cuya segunda etapa de implementación debería ocurrir en octubre de este año.
“En atención de lo complejo de poner en marcha esta ley, con infraestructura que no se ha podido construir, capacitaciones que no se han podido realizar, y acreditaciones que están aún pendientes, y estando nosotros estamos muy conscientes de la importancia de esta ley, dado que no puede entrar a funcionar en mala forma, se ha acordado la prórroga de su implementación, con plazos todavía por definir”, explicó Larraín.
Finalmente, el Ministro Larraín informó que se habilitará una plataforma en la página web de la Subsecretaría de Derechos Humanos, para entregar información del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal y del Ministerio del Interior, que reúne la información de las policías, para dar cuenta del cumplimiento de sus funciones durante este periodo de pandemia.
Al encuentro asistieron las máximas autoridades del Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros, la PDI, la Defensoría Penal Pública, Gendarmería y Sename.